Después de años de luchas legales de
parte de mujeres migrantes que escapaban situaciones de abuso y
violencia doméstica en sus países, un alto tribunal de inmigración
reconoció que un grupo particular de mujeres guatemaltecas tienen casos de asilo en este país.
La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) emitió la semana pasada un fallo que beneficia especialmente a “mujeres guatemaltecas casadas que no pueden dejar a sus parejas” y que sufren situaciones de violencia doméstica.
La decisión podría ayudar a muchas de las mujeres que están llegando al país con sus hijos y que escapan de la violencia doméstica y la violencia en general que se vive en sus países, dijeron diversos expertos, ya que el precedente legal crea el camino para que otras mujeres, incluso de otros países, puedan pelear sus casos.
“La decisión es importante, no solo para las guatemaltecas, sino para que mujeres de otros países en circunstancias similares puedan probar sus casos, aunque aún deben comprobar las razones individuales”, dijo Dan Kowalski, abogado y experto en leyes migratorias.
Daniel Sharp, director legal del Centro de Recursos Centroamericanos CARECEN, en Los Ángeles, indicó que aunque la decisión no garantiza que se ganarán los casos, si hace más fácil que se otorgue el asilo “cuando la mujer presenta una historia creíble y tiene algo de evidencia del abuso”.
Sharp recordó que es preciso que las mujeres recuerden que deben consultar un abogado y presentar su caso antes de un año de haber llegado a los Estados Unidos, ya que luego no es válido.
De acuerdo a los expertos, el precedente legal abre la puerta a que las mujeres en general que escapan de violencia en sus países, no sólo violencia doméstica, puedan pelear su protección bajo las leyes de asilo político de este
Según la abogada Lori Diane Rosenberg, quien fue miembro de la BIA entre 1995 y 2002, la decisión de la junta “es extremadamente importante”.
Rosenberg, quien ha estado ayudando a mujeres detenidas en el centro residencial de Artesia (uno de los centros familiares donde el gobierno federal está encerrando a mujeres con menores arrestados en la frontera), cree que al menos la mitad de las mujeres que están allí tienen casos de violencia doméstica que podrían calificarlas para asilo.
Hasta ahora, algunos jueces de inmigración han otorgado casos de asilo político por violencia doméstica, pero otros han sido reacios, indicaron. “Esto hace que tengan que tomar en cuenta el precedente”, dijo Sharp.
Bajo la ley estadounidense, el asilo se otorga a personas que pueden probar persecución en sus países de origen por razón de su raza, religión, nacionalidad, opinión política o grupo social. La violencia doméstica es un componente de la pertenencia a un “grupo social reconocido”.
En el caso de la decisión de BIA, la mujer escapó de Guatemala con sus tres hijos en 2005 y probó que su marido, con quien se casó a los 17 años, la había golpeado y abusado consistentemente, la persiguió cuando ella intentó escapar, le partió la nariz, la amenazó de muerte, y en varias ocasiones la violó.
Sin embargo un juez había dicho que no había probado “persecución” sino sólo que había sido objeto de un delito. Aún debe probar, sin embargo, que el gobierno y las autoridades de Guatemala no ha hecho nada al respecto, lo cual según expertos, es una realidad establecida y fácil de comprobar.
Un reporte de Amnistía Internacional publicado en 2006 después de una serie de feminicidios en Guatemala, indicó que cientos de casos de mujeres asesinadas en ese país quedaban sin resolverse por la falta de acción de policía y autoridades.
La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) emitió la semana pasada un fallo que beneficia especialmente a “mujeres guatemaltecas casadas que no pueden dejar a sus parejas” y que sufren situaciones de violencia doméstica.
La decisión podría ayudar a muchas de las mujeres que están llegando al país con sus hijos y que escapan de la violencia doméstica y la violencia en general que se vive en sus países, dijeron diversos expertos, ya que el precedente legal crea el camino para que otras mujeres, incluso de otros países, puedan pelear sus casos.
“La decisión es importante, no solo para las guatemaltecas, sino para que mujeres de otros países en circunstancias similares puedan probar sus casos, aunque aún deben comprobar las razones individuales”, dijo Dan Kowalski, abogado y experto en leyes migratorias.
Daniel Sharp, director legal del Centro de Recursos Centroamericanos CARECEN, en Los Ángeles, indicó que aunque la decisión no garantiza que se ganarán los casos, si hace más fácil que se otorgue el asilo “cuando la mujer presenta una historia creíble y tiene algo de evidencia del abuso”.
Sharp recordó que es preciso que las mujeres recuerden que deben consultar un abogado y presentar su caso antes de un año de haber llegado a los Estados Unidos, ya que luego no es válido.
De acuerdo a los expertos, el precedente legal abre la puerta a que las mujeres en general que escapan de violencia en sus países, no sólo violencia doméstica, puedan pelear su protección bajo las leyes de asilo político de este
Según la abogada Lori Diane Rosenberg, quien fue miembro de la BIA entre 1995 y 2002, la decisión de la junta “es extremadamente importante”.
Rosenberg, quien ha estado ayudando a mujeres detenidas en el centro residencial de Artesia (uno de los centros familiares donde el gobierno federal está encerrando a mujeres con menores arrestados en la frontera), cree que al menos la mitad de las mujeres que están allí tienen casos de violencia doméstica que podrían calificarlas para asilo.
Hasta ahora, algunos jueces de inmigración han otorgado casos de asilo político por violencia doméstica, pero otros han sido reacios, indicaron. “Esto hace que tengan que tomar en cuenta el precedente”, dijo Sharp.
Bajo la ley estadounidense, el asilo se otorga a personas que pueden probar persecución en sus países de origen por razón de su raza, religión, nacionalidad, opinión política o grupo social. La violencia doméstica es un componente de la pertenencia a un “grupo social reconocido”.
En el caso de la decisión de BIA, la mujer escapó de Guatemala con sus tres hijos en 2005 y probó que su marido, con quien se casó a los 17 años, la había golpeado y abusado consistentemente, la persiguió cuando ella intentó escapar, le partió la nariz, la amenazó de muerte, y en varias ocasiones la violó.
Sin embargo un juez había dicho que no había probado “persecución” sino sólo que había sido objeto de un delito. Aún debe probar, sin embargo, que el gobierno y las autoridades de Guatemala no ha hecho nada al respecto, lo cual según expertos, es una realidad establecida y fácil de comprobar.
Un reporte de Amnistía Internacional publicado en 2006 después de una serie de feminicidios en Guatemala, indicó que cientos de casos de mujeres asesinadas en ese país quedaban sin resolverse por la falta de acción de policía y autoridades.
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