La presión social obliga a Guatemala a derogar Ley Monsanto

Tras una triunfante campaña de organizaciones populares en contra de la norma, el Poder Legislativo de Guatemala accedió a eliminar en su totalidad la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales aprobada en junio pasado.

La denominada Ley Monsanto promueve la privatización de semillas y había sido impuesta como requisito del TLC firmado con EEUU en el 2005.

“No nos vamos a ir hasta que no se derogue la ley”, fue la consigna que marcó la fuerte presión popular el jueves en el Congreso de Guatemala. Allí se dirimía la posibilidad de eliminar la Ley Monsanto que entraría en vigencia el próximo 26 de septiembre, tras la publicación del Decreto 19-2014 en el boletín oficial el pasado 26 de junio.


La victoria popular logró imponerse en el voto de los diputados, con 117 sufragios a favor de la derogación en una sesión de “urgencia nacional”.

La ley garantizaba la exclusividad de derechos de propiedad intelectual aplicada a semillas: una transnacional como Monsanto –que maneja alrededor del 60 por ciento del mercado global- podría adueñarse de los códigos genéticos de las variedades locales, tales como maíz y frijol. Luego, se necesitaría su autorización (comprarle) para plantar esas semillas, bajo amenaza de criminalización, multa e incluso privación de la libertad.

En Guatemala, un 53,71 por ciento de las personas vive en la pobreza y dependen de la agricultura; un 26,9 por ciento de la población rural es trabajador por cuenta propia agrícola y un 31,6 por ciento como jornalero o peón.

Tras una denuncia presentada por decenas de organizaciones sociales y políticas, el pasado 29 de agosto la Corte de Constitucionalidad suspendió temporalmente dos artículos de los 54 de la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales. Mientras, el oficialista Partido Patriota hizo su jugada en el recinto legislativo y propuso eliminar parte de la normativa, pero no contó con el respaldo de fuerzas opositoras que buscaban la derogación completa.


La ley nació como una obligatoriedad del Estado de Guatemala por los compromisos asumidos en el Tratado de Libre Comercio (TLC) Guatemala- Estados Unidos en el 2005.
En el capítulo 15, artículo 15.5, se pauta garantizar la existencia de un sistema de protección del derecho de los obtentores de variedades vegetales como un derecho de propiedad intelectual, que debería ser asumido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

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