Hay quienes dicen que “el crimen sí
paga…si se piensa en grande”. Un ejemplo: el ex presidente guatemalteco
Alfonso Portillo (2000-2004), que este 22 de mayo una corte de Nueva
York sentenció a 5 años y 10 meses de cárcel por lavado de dinero, pero
que sólo cumplirá un año y medio de esa sentencia. El ex mandatario ya
cumplió tres años de detención en Guatemala desde 2010 (con privilegios
que nunca habría tenido en una cárcel estadounidense), y uno en Nueva
York, desde su extradición hace un año.
Hace cuatro años, la justicia guatemalteca también lo perseguía. Lo acusaba de apropiarse de Q120 millones (unos $15 millones) del erario nacional. La acusación omitió el robo de otros Q471 millones (unos $60 millones). Además, la justicia estadounidense lo perseguía por usar el sistema bancario de EE.UU. para lavar $2.5 millones durante su gobierno.
Y ¿qué hizo Portillo? Sólo salió del gobierno, y huyó raudo y veloz hacia México. Guatemala consiguió extraditarlo hasta octubre de 2008. ¿Qué ocurrió después? Pagó una fianza de Q1 millón (unos $128 mil) sin despeinarse, y siguió libre. En enero de 2010, después que EE.UU. pidió su extradición, una fuerza conjunta liderada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lo capturó cuando estaba a punto de huir de Guatemala a Belice.
En 2011, un tribunal guatemalteco lo absolvió, igual que a otros dos acusados (ex ministros del gabinete de Portillo). Solo el ex mandatario permaneció preso por la solicitud de extradición. Para quienes la absolución fue un emblema de la impunidad en el país, la extradición a EE.UU. parecía un premio de consolación. ¡Cuántos soñamos con verlo en su overall naranja durante años! Quizá hasta la CICIG, que falló en la persecución judicial de Portillo, uno de sus casos insignia.
En mayo de 2013, Portillo fue extraditado hacia Nueva York. Se fue vociferando que probaría su inocencia. Un año después, se tragó sus palabras, y reconoció que era “culpable” de recibir un soborno de Taiwan (a cambio de reconocerle como país independiente ante la ONU). Se trataba de varios cheques del International Bank of China en Nueva York, que Taiwan le entregó a Portillo con el guiso de que eran una supuesta donación para bibliotecas públicas. Pero los cheques estaban a nombre de Portillo, no del Gobierno de Guatemala, y nunca ingresaron al erario nacional. El ex mandatario los depositó en un banco en Miami, en la cuenta de un co-conspirador.
Así, a cambio de admitir su culpabilidad, Portillo recibió una sentencia benévola, una palmadita en la muñeca, un “está bien, pero no lo vuelvas a hacer”. La pregunta del millón es si quemó a alguien más, porque declararse culpable también significa colaborar y cantar Las Mañanitas. El tiempo lo dirá. Pero volviendo a eso de que “el crimen sí paga si se piensa en grande”, Portillo le podría dar lecciones a otros guatemaltecos que salieron mal librados de las cortes neoyorkinas, sino que lo diga Jorge Mario Paredes, condenado a 31 años de cárcel por narcotráfico en 2010, o Byron Berganza, condenado a 22 años en 2008, por narcotráfico. Tomen nota.
En 2009, cuando la CICIG soñaba con ponerle las manos encima a Portillo, denunció que Guatemala tenía un 98% de impunidad (sólo el 2% de los casos denunciados llegaban a juicio). En 2013, la ex fiscal general Claudia Paz aseguró que el porcentaje de impunidad descendió a 70 (el 30% de los casos llegaban a juicio). Pero hoy, ese avance parece una ilusión óptica. ¿Qué mensaje lanza que un ex presidente sea absuelto de corrupción en su país, y en EE.UU. reciba una sentencia blanda? Que el crimen paga, y muy bien.
De nada sirvió que la fiscalía neoyorkina les puso en bandeja a la CICIG, y la fiscalía guatemalteca, a un testigo dispuesto a hundir a Portillo: el salvadoreño Luis Armando Llort Quiteño, el co-conspirador en cuya cuenta bancaria depositó los cheques de Taiwan. Llort era presidente de un banco semi-estatal en Guatemala, donde ocurrió parte del saqueo. De hecho, durante el gobierno de Portillo, Llort hasta le pidió ayuda a un cómplice de Berganza para lavar $500 mil que llevaba en la cajuela de su automóvil. Además, el citado cómplice declaró en una corte neoyorkina que Portillo sabía acerca del saqueo y el lavado de dinero. Pero Llort salió bien librado de sus travesuras en Guatemala, y en EE.UU., donde le perdonaron al menos un caso de estafa en Florida.
Tal vez algunos ilusos esperábamos que, como en los casos de narcotráfico, en EE.UU. se hiciera con Portillo lo que no se hizo en Guatemala (porque en Guatemala no se mueve un dedo contra narco alguno que EE.UU. no quiera extraditar). Pero esperamos en vano. Nadie le puede hacer la tarea a un sistema de justicia que premia la habilidad de delinquir “con escuela”. Mientras tanto, considerando los cargos en su contra, Portillo ha reído de último, y mejor, de la justicia en tres países: Guatemala, México (donde no cumplió ni un día de cárcel por acribillar a dos estudiantes en 1982), y EE.UU. Todo un récord.
Hace cuatro años, la justicia guatemalteca también lo perseguía. Lo acusaba de apropiarse de Q120 millones (unos $15 millones) del erario nacional. La acusación omitió el robo de otros Q471 millones (unos $60 millones). Además, la justicia estadounidense lo perseguía por usar el sistema bancario de EE.UU. para lavar $2.5 millones durante su gobierno.
Y ¿qué hizo Portillo? Sólo salió del gobierno, y huyó raudo y veloz hacia México. Guatemala consiguió extraditarlo hasta octubre de 2008. ¿Qué ocurrió después? Pagó una fianza de Q1 millón (unos $128 mil) sin despeinarse, y siguió libre. En enero de 2010, después que EE.UU. pidió su extradición, una fuerza conjunta liderada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lo capturó cuando estaba a punto de huir de Guatemala a Belice.
En 2011, un tribunal guatemalteco lo absolvió, igual que a otros dos acusados (ex ministros del gabinete de Portillo). Solo el ex mandatario permaneció preso por la solicitud de extradición. Para quienes la absolución fue un emblema de la impunidad en el país, la extradición a EE.UU. parecía un premio de consolación. ¡Cuántos soñamos con verlo en su overall naranja durante años! Quizá hasta la CICIG, que falló en la persecución judicial de Portillo, uno de sus casos insignia.
En mayo de 2013, Portillo fue extraditado hacia Nueva York. Se fue vociferando que probaría su inocencia. Un año después, se tragó sus palabras, y reconoció que era “culpable” de recibir un soborno de Taiwan (a cambio de reconocerle como país independiente ante la ONU). Se trataba de varios cheques del International Bank of China en Nueva York, que Taiwan le entregó a Portillo con el guiso de que eran una supuesta donación para bibliotecas públicas. Pero los cheques estaban a nombre de Portillo, no del Gobierno de Guatemala, y nunca ingresaron al erario nacional. El ex mandatario los depositó en un banco en Miami, en la cuenta de un co-conspirador.
Así, a cambio de admitir su culpabilidad, Portillo recibió una sentencia benévola, una palmadita en la muñeca, un “está bien, pero no lo vuelvas a hacer”. La pregunta del millón es si quemó a alguien más, porque declararse culpable también significa colaborar y cantar Las Mañanitas. El tiempo lo dirá. Pero volviendo a eso de que “el crimen sí paga si se piensa en grande”, Portillo le podría dar lecciones a otros guatemaltecos que salieron mal librados de las cortes neoyorkinas, sino que lo diga Jorge Mario Paredes, condenado a 31 años de cárcel por narcotráfico en 2010, o Byron Berganza, condenado a 22 años en 2008, por narcotráfico. Tomen nota.
En 2009, cuando la CICIG soñaba con ponerle las manos encima a Portillo, denunció que Guatemala tenía un 98% de impunidad (sólo el 2% de los casos denunciados llegaban a juicio). En 2013, la ex fiscal general Claudia Paz aseguró que el porcentaje de impunidad descendió a 70 (el 30% de los casos llegaban a juicio). Pero hoy, ese avance parece una ilusión óptica. ¿Qué mensaje lanza que un ex presidente sea absuelto de corrupción en su país, y en EE.UU. reciba una sentencia blanda? Que el crimen paga, y muy bien.
De nada sirvió que la fiscalía neoyorkina les puso en bandeja a la CICIG, y la fiscalía guatemalteca, a un testigo dispuesto a hundir a Portillo: el salvadoreño Luis Armando Llort Quiteño, el co-conspirador en cuya cuenta bancaria depositó los cheques de Taiwan. Llort era presidente de un banco semi-estatal en Guatemala, donde ocurrió parte del saqueo. De hecho, durante el gobierno de Portillo, Llort hasta le pidió ayuda a un cómplice de Berganza para lavar $500 mil que llevaba en la cajuela de su automóvil. Además, el citado cómplice declaró en una corte neoyorkina que Portillo sabía acerca del saqueo y el lavado de dinero. Pero Llort salió bien librado de sus travesuras en Guatemala, y en EE.UU., donde le perdonaron al menos un caso de estafa en Florida.
Tal vez algunos ilusos esperábamos que, como en los casos de narcotráfico, en EE.UU. se hiciera con Portillo lo que no se hizo en Guatemala (porque en Guatemala no se mueve un dedo contra narco alguno que EE.UU. no quiera extraditar). Pero esperamos en vano. Nadie le puede hacer la tarea a un sistema de justicia que premia la habilidad de delinquir “con escuela”. Mientras tanto, considerando los cargos en su contra, Portillo ha reído de último, y mejor, de la justicia en tres países: Guatemala, México (donde no cumplió ni un día de cárcel por acribillar a dos estudiantes en 1982), y EE.UU. Todo un récord.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario