El Frente Popular (FP) de Guatemala se suma hoy a la condena generalizada a la política genocida practicada por Estados Unidos, ejemplificada en este país por experimentos ilegales con ciudadanos hace más de 60 años.
La inoculación de sífilis y otras enfermedades venéreas por un equipo norteamericano a más de mil 500 guatemaltecos de 1946 a 1948 es calificada por esa organización como acto de lesa humanidad y violatorio de la soberanía nacional.
"De Estados Unidos ya conocemos mucho en este sentido. A nivel mundial ha sido el único país que llevó a su máxima expresión el genocidio, con el uso de dos bombas atómicas en Nagasaki e Hiroshima", dice el FP en su sitio digital.
Abunda en el impulso de ese país a guerras donde, además de invadir y ocupar otras naciones, ha usado armas de distinta naturaleza en contra no solamente de fuerzas armadas, sino también de población civil.
En el caso de Guatemala, esa potencia "decidió, dirigió, asesoró, financió y hasta ejecutó actos de genocidio y etnocidio en contra de los pueblos", señala en referencia a su participación en el conflicto armado interno de 1960 a 1996.
"Su política de seguridad nacional implementada por la oligarquía guatemalteca, sus sirvientes y la casta militar, con la bendición de la jerarquía católica de ese entonces, conllevó miles de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas", añade al respecto.
Indignación nos causa esa política criminal, expresa y a la ejecución estadounidense de acciones deleznables une el texto la realización de aquellos experimentos sin el conocimiento del gobierno de Juan José Arévalo.
"Nuestra lucha hoy en día -concluye- no solamente pasa por el resarcimiento moral y económico, sino por hacer efectiva nuestra soberanía nacional".
En aquellos años un oficial médico del Servicio Público de Salud norteamericano, John Cutler, encabezó los experimentos con el alegado propósito de probar la eficacia de la penicilina en la cura de males de transmisión sexual.
El equipo de Cutler utilizó como conejillos de indias a enfermos mentales, prisioneros, soldados y prostitutas, estas últimas como vía de contagio, a quienes infectó con sífilis, chancroide y gonorrea sin contar con su consentimiento.
De delito de lesa humanidad lo calificó el presidente Alvaro Colom y exigió una investigación a fondo de los hechos, además de advertir que su gobierno se reserva el derecho de presentar una denuncia oportuna ante las instancias correspondientes.
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