Estados Unidos anunció ayer un nuevo techo histórico en el número de deportaciones, con un total de 392 mil 863 personas detenidas y removidas desde su territorio en el año fiscal 2010.
Del total de deportaciones ejecutadas por el Departamento de Seguridad Interna (DHS), más de 195 mil fueron de criminales convictos, dijo la secretaria de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Janet Napolitano.
En comparación con el año fiscal 2008, los datos representan un incremento de más de 23 mil en el total de deportaciones y 81 mil en las deportaciones de criminales, un aumento de más de 70% en deportaciones de extranjeros criminales con relación al gobierno del ex presidente republicano George W. Bush.
México sigue siendo el principal destino de estas expulsiones, con el 71% de los repatriados durante el año fiscal 2010, según confirmó la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). Detrás de este país, las naciones con mayor número de deportados son Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador, entre otros.
En rueda de prensa, Napolitano, aseguró que esta nueva cifra demuestra el compromiso de la administración de Barack Obama con el cumplimiento de la ley.
Un objetivo que, según consideró, no rehúye la necesidad de consensuar un proyecto de ley que resuelva de una vez por todas la situación de más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que permanecen en las sombras.
“Nuestro nuevo enfoque nos ha permitido alcanzar cifras récord, removiendo a un mayor número de criminales extranjeros”, aseguró Napolitano al insistir en que programas como el bautizado bajo el nombre de “Comunidades Seguras” —en vigor desde 2008—, le han permitido elevar el número de deportaciones a un promedio de casi mil 80 por día.
El elevado número de inmigrantes con historial criminal que han sido deportados en el año fiscal 2010 hacia México obligó al Director la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), John Morton, a establecer un sistema de intercambio de información para que las autoridades mexicanas sean capaces de digerir a este contingente de expulsados con antecedentes criminales y evitar que se sumen a los ejércitos de los cárteles de la droga.
“México contará por adelantado con los récords criminales de quienes estamos deportando. De hecho, ya estamos con un programa piloto en el caso de California”, dijo Morton en la rueda de prensa.
Entre tanto, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informó ayer que construirá una base de operaciones en el extremo suroeste de Nuevo México, en la región conocida como “Bootheel” para aumentar la vigilancia en esa zona considerada como “incontrolada”.
La zona se encuentra a unos 20 kilómetros del punto donde el ranchero de Arizona Rob Krentz fue muerto a balazos en marzo pasado por un presunto traficante de drogas que huyó hacia México.
Brewer quiere responder a México
El estado de Arizona busca evitar la participación de México y otros países latinoamericanos en el proceso judicial que empieza el próximo mes en una corte federal de apelaciones sobre la validez de la polémica ley SB1070, que criminaliza a los inmigrantes indocumentados.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, expresó su rechazo a que países extranjeros participen en la apelación que ella misma interpuso ante la Corte de Apelaciones del Circuito Nueve en California. Brewer también solicitó al tribunal tener la oportunidad de responder a los señalamientos presentados por México.
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